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El papel que deben desempeñar el Ejército y la Marina en las tareas de
seguridad pública no debe ser motivo para la polarización social. Tanto
las fuerzas armadas como la población civil quieren lo mismo: devolver
al país la paz y la seguridad que hemos perdido.
Por la situación de violencia extrema que se vive en algunas regiones de
México, el debate no es que si los militares deben continuar o no en
las calles; la opinión de la mayoría de ciudadanos consultados coincide
en que deben mantener su apoyo a las tareas de seguridad, hasta que no
haya una policía profesional y confiable.
Es tal el consenso popular en este sentido, que el propio presidente
electo se vio obligado a rectificar, no obstante su compromiso de
campaña de regresar a los militares a sus cuarteles. Ante lo evidente y
necesario, reconoció públicamente la imposibilidad de sacar de las
calles a los soldados y marinos.
El verdadero debate entonces, consiste en determinar quienes deben
ejercer la responsabilidad plena de las tareas de seguridad y el marco
jurídico al que deben someterse. Los ciudadanos deben gozar de la
garantía que su integridad y patrimonio serán resguardados y sus
derechos humanos respetados, al mismo tiempo que las fuerzas armadas –o
los integrantes de la futura Guardia Nacional- cuenten con un marco
jurídico que les brinde protección y certeza ante el fenómeno
delincuencial que enfrentarán.
El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia declaró oficialmente la
inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI), con la cual
se buscaba regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad y combate a la delincuencia. Los militares, entonces, seguirán
en las calles sin la certidumbre legal que reclaman y merecen; según la
Constitución, la tarea de las fuerzas armadas es proteger la soberanía
nacional, no la seguridad pública.
La ley abría la puerta para normalizar el hecho de que el Ejército
intervenga en tareas de seguridad pública, hecho que sólo es legal y
constitucional si se aplica a situaciones excepcionales, pero no como
regla.
En opinión de los ministros, las facultades de las fuerzas armadas
tienen que estar delimitadas con las excepciones que limite su
actuación. La Ley de Seguridad Interior no precisaba qué clases de
acciones específicas podía hacer el ejército, quedando la duda sobre si
los militares podían hacer arrestos o cateos.
La decisión de la Suprema Corte se dio en el contexto del anuncio de la
creación de una nueva Guardia Nacional, como parte de la estrategia de
seguridad y protección ciudadana que ha lanzado el gobierno electo. Esta
iniciativa requiere modificar el artículo 76 de la Constitución, sin
embargo, tampoco se establece cuál será el ámbito de actuación de este
nuevo organismo encargado de la seguridad pública. Estamos como al
principio.
La Guardia Nacional –según se ha informado- sumará a 50 mil elementos,
coordinados por personal proveniente de las policías Militar y Naval,
así como de la Federal. También se convocará a civiles y a elementos de
tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos.
A pesar de que no está establecido en la Constitución –lo que requiere
de una serie de reformas que aún no han sido propuestas-, la Guardia
Nacional será encargada de prevenir y combatir el delito en todo el
territorio nacional.
Para entender la dimensión del problema, las autoridades han documentado
al menos 250 mil homicidios en el país entre diciembre de 2006 y abril
de 2018.
Expuestos al debate político, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de
México siguen siendo dos de las instituciones que generan mayor
confianza entre los mexicanos; al mismo tiempo, son las únicas capaces
de enfrentar en este momento el creciente fenómeno de la violencia y la
delincuencia organizada.
Por el bien de todos, es necesario que tengamos una norma que regule la
actuación del Ejército, la Marina Armada de México y lo que será la
Guardia Nacional. Un marco jurídico que no resulte de los cálculos
políticos ni de prejuicios intencionados, sino de la voluntad de que
México sea un país en paz y con justicia.
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