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Los ministros, magistrados y jueces tienen la enorme misión de impartir
justicia, pronta y expedita, completa y gratuita, así como garantizar el
ejercicio del catálogo de derechos que en nuestro país están expresados
en la Carta Magna y en diversos tratados internacionales que México ha
suscrito.
Las resoluciones del Poder Judicial implican, en muchos casos, riesgos;
demandan independencia, objetividad y sensatez. Este poder, además,
históricamente ha sido garante del equilibrio entre los poderes de la
República.
Hoy se pretenden vulnerar los derechos de jueces, magistrados, ministros
y de los integrantes del Poder Judicial en general; el Estado de
Derecho y la división de poderes son amenazados por un intento de
reducir sus salarios, pasando por encima de la independencia judicial,
en lo que la nueva administración federal ha llamado austeridad
republicana.
En un acto de dignidad y valor, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), a través del ministro instructor Alberto Pérez Dayán, el
pasado 7 de diciembre otorgó una suspensión para aplicar el Decreto que
expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
promovida por el nuevo gobierno morenista, a los salarios de 2019, esto
luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por las minorías
parlamentarias del Senado de la República el 5 de diciembre.
Es de significarse que a la acción del Senado se suma la interpuesta por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ve en este intento
de intromisión al Poder Judicial un peligro para la estabilidad del
Estado.
Es oportuno y pertinente precisar que los Senadores del Revolucionario
Institucional, junto con otras fracciones parlamentarias, no se oponen a
un gobierno austero, sino a violentar la división de poderes.
Es cierto: los nuevos tiempos de México no permiten privilegios ni gasto
excesivo, pero ese no puede ser el pretexto para que el Ejecutivo
intente establecer una supremacía sobre el Legislativo y Judicial.
La intentona morenista de vulnerar los derechos laborales de los
integrantes del Poder Judicial, pero sobre todo de socavar la división
de poderes, exhibe la ignorancia o el deliberado olvido de quienes hoy
nos gobiernan, que fue precisamente este régimen de división y
equilibrio de poderes el que les garantizó las condiciones para que el
pasado 1 de julio no les fueran regateados sus triunfos, tanto en el
ámbito legislativo federal como en el de la Presidencia de la República,
y que fue este mismo régimen el garante de que en el 2000 tuviéramos
una alternancia sin sobresaltos en la gobernabilidad de la República.
En un régimen democrático es imposible la coexistencia de jueces
dóciles, con un parlamento sumiso y un Ejecutivo al mando de todos.
Pese al fallo judicial, hay voces tercas que insisten en que la
reducción salarial va porque va. A esas voces necias les advertimos que
se van a topar con pared.
La reducción salarial no significa ahorro, como ellos lo han mal
planteado, por el contrario. A cada trabajador se le retiene el 30 por
ciento de su sueldo por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo
que representa un importante ingreso a las arcas nacionales. Si el
salario se reduce; por ende, también lo hace el monto que representa a
las finanzas nacionales. Sumemos, además, lo que el gobierno federal
tendría que pagar por indemnizaciones a todo aquel servidor público que
se oponga a esta arbitrariedad. De acuerdo con expertos financieros,
esto representaría un aproximado de 150 mil millones de pesos, una
cantidad imposible de etiquetar en el presupuesto 2019.
Como diputado federal, junto con mis compañeros del Grupo Parlamentario
del PRI, velaré por la independencia y autonomía del Poder Judicial de
la Federación: no se concibe una democracia moderna sin la sana división
de los poderes. Insisto: no se trata de un mero asunto de salarios como
mediáticamente lo han querido enfocar; se trata de respeto a nuestra
Constitución y a las instituciones más emblemáticas de la República.
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