Articulista Invitado Héctor Yunes Landa
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A partir del pasado sábado, México tiene un nuevo Presidente de la
República. Su investidura, es el resultado del adecuado funcionamiento
de las instituciones democráticas del Estado mexicano y el respeto al
Estado de Derecho. Es una muestra de que la obediencia de las leyes hace
que el gobierno funcione bien.
De las decisiones que ha tomado el Presidente López Obrador, se observa
un proceso de transición que tiene como propósito un cambio de régimen,
al que él denomina la Cuarta Transformación (4T).
Ante la situación de violencia criminal y pobreza que se vive en muchas
regiones del país, el cambio en sí mismo es una necesidad del Estado por
asegurar su supervivencia y cumplir con su obligación de garantizar
seguridad y bienestar para los ciudadanos; sin embargo, por lo observado
hasta hoy, la vuelta a un presidencialismo absoluto no parece ser la
mejor respuesta.
La naturaleza de un nuevo régimen debe responder al mismo criterio que le dio origen: el respeto al Estado de Derecho.
La pacificación que requiere México no nacerá de un pacto de impunidad
al margen de nuestras leyes. La capacidad de perdonar es un valor
inherente a la voluntad de las personas, pero en las instituciones está
condicionado para que se ejerza como un acto de justicia.
El perdón en sí mismo no repara el daño. Tampoco garantiza que la ofensa
o el agravio no se repitan en el futuro. Es por ello, que se han
construido sólidas instituciones que eliminan esta discrecionalidad y
aseguran que los ciudadanos reciban lo que en derecho les corresponde.
El presidente López Obrador ha confirmado su decisión de conceder el
perdón y ser indulgente poniendo punto final a historias de corrupción,
anunciando que no habrá persecución a los funcionarios del pasado. Es
decir, un borrón y cuenta nueva.
Es de reconocerse que el Presidente de la República no busca con esta
medida blindar a quienes, de su gobierno, cometan actos de corrupción.
La medida tiene dedicatoria exclusiva a los corruptos del pasado. Pero
ello no es suficiente.
Se entiende la reconciliación nacional que pretende el Presidente de la
República, pero ello no justifica interpretar a la justicia como un acto
de persecución.
Si bien no dudo de la buena fé del Presidente López Obrador en su
propósito de no iniciar una cacería de brujas en aras de una
reconciliación política nacional, también creo que deben ser las leyes y
las instituciones encargadas de impartir justicia las que determinen,
en todos los casos, sin excepción alguna, la consecuencias jurídicas de
los posibles delitos cometidos.
Si queremos un país sin privilegios, debemos empezar con el ejercicio de
la justicia. Esperamos y deseamos que el Presidente no sólo logre su
compromiso de gobierno de no permitir que nadie se aproveche de su cargo
o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo
del poder público; sino que consolide la aplicación irrestricta de la
ley.
Mientras la “Cuarta Transformación” se apresta a aplicar la impunidad
como remedio contra la corrupción, la Vox populi le revira: “Ni perdón
ni olvido”.
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