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Más que el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM),
lo que realmente estuvo a consulta fue la vigencia del Estado de
Derecho.
La consulta, a pesar de que no tiene ningún valor jurídico, tiene al
menos tres aspectos que son muy importantes para el futuro del país: la
observancia del estado de Derecho; el uso de herramientas de la
democracia participativa que no están previstas en la ley y que
pretenden evadir la responsabilidad del gobierno; y lógicamente, el
futuro del proyecto del aeropuerto y las consecuencias de la decisión
que se tome.
El proyecto aeroportuario que se construye en Texcoco sólo fue el
pretexto ideal para conocer la tolerancia de la población respecto a
hacer excepciones al Estado de Derecho, y al mismo tiempo, una
demostración de poder a grupos políticos y económicos considerados como
los adversarios de la próxima administración federal.
Además, el nuevo gobierno padece una confusión preocupante: la
legitimidad es resultado del respeto a la legalidad y no al revés.
Quebrantar la legalidad no genera más legitimidad, acaso una riesgosa y
autoritaria popularidad. No se puede confundir legitimidad con
popularidad, porque lo popular no necesariamente es legítimo.
Es posible que hayan olvidado intencionalmente el origen de su
legitimidad. El gobierno electo es legítimo porque nació de una elección
legal; con el remedo de consulta que acaban de realizar, han roto su
acta de nacimiento.
Imposible imaginar, por ejemplo, que Felipe Calderón hubiera dicho
alguna vez que su triunfo no había sido legal pero sí legítimo, tal y
como se ha referido el vocero del presidente electo sobre la consulta
sobre el NAICM.
Pero el tema de fondo, la observancia del Estado de Derecho, está en
riesgo. Quienes gobernarán nuestro país a partir del primero de
diciembre ya decretaron que, pese a errores, su consulta es un éxito y
que los mexicanos debemos acostumbrarnos a lo que llaman “ejercicios de
democracia”.
Por supuesto que nosotros no nos oponemos a la figura de la consulta
popular, la que está establecida en la Constitución, la que tiene un
procedimiento válido y otorga la certeza a los ciudadanos; estamos a
favor de una consulta popular que la convoquen, organicen, supervisen y
califiquen las instituciones facultadas para ello -no los militantes de
un partido político- y cuyo resultado sea inobjetable.
Si a los reformadores les molesta el procedimiento que exige la
Constitución, no es pretexto para ignorarlo y atribuirse ilegalmente esa
facultad mediante “ejercicios de democracia” a modo.
La gobernanza democrática que Morena dice impulsar no florecerá en el
caos de la ilegalidad y la ruptura del Estado de Derecho; eso sólo
beneficiará a quienes se asumen como la nueva clase gobernante. Tampoco
se va a empoderar a la ciudadanía –uno de los propósitos de la consulta
constitucionalmente regulada- repitiendo lo que tanto criticaron: la
simulación, el acarreo, la mapacheria y el fraude.
Un día después, se confirmó que el ejercicio inicial ha sido poco serio,
la muestra de participación no es confiable ni significativa, y su mala
organización, fallas logísticas y alta discrecionalidad han sido
evidentes. Vimos testimonios de personas que pudieron votar hasta en
cuatro ocasiones en un mismo día.
Muchas personas, yo entre ellas, decidieron no participar por varias
razones: las decisiones técnicas no se consultan; la consulta no tuvo
sustento legal; el diseño estuvo hecho para validar una decisión ya
tomada: sus resultados preliminares así lo confirman.
Su falta de fundamentación y rigor metodológico, dio lugar a una serie
de dudas que nunca fueron atendidas por los convocantes. Nunca quedó
claro cómo se eligieron los 538 municipios, las 1,073 casillas, ni el
universo de votantes calculado en 100 mil personas. Por ejemplo, hubo
más casillas en Oaxaca que en Jalisco o más boletas en lugares donde
Morena tiene mayor presencia.
Es evidente que este ejercicio ha dañado la credibilidad del país. Al
interior, desconociendo el Estado de Derecho; en el exterior, mostrando
que el gobierno de México es capaz de rechazar compromisos adquiridos,
ahuyentando la confianza para la inversión.
Gobernar implica tomar la responsabilidad absoluta en los asuntos
públicos. Una vez que asuma el poder, el Presidente debe tomar las
decisiones que le corresponden, tal y como lo marca la Constitución.
En todo caso, el Estado de Derecho no se puede someter a consulta.
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