Con
frecuencia, muchas familias suelen perder todo su patrimonio a causa de
una enfermedad o el tratamiento médico de algunos de sus miembros. Y
aunque pudieran gozar con algún tipo de cobertura –Seguro Popular, IMSS,
ISSSTE o cualquier otro-, la urgente necesidad
de comprar medicinas cuando estas dependencias padecen su desabasto o
tener que pagar por los servicios de salud que no les brindan
oportunamente o lo hacen con una deficiente calidad, los lleva a una
terrible encrucijada: pagan o corren el riesgo de perder
la vida.
Un claro ejemplo son las enfermedades crónico degenerativas;
padecimientos como el cáncer, la diabetes o la portación del VIH
representan un gran costo para las familias por culpa del colapso que
vive el sector salud en México. Justificar en la corrupción del
pasado los irresponsables recortes presupuestales del presente, sólo
acerca a la muerte a miles de pacientes, de todas las edades, en todas
las regiones del país.
Los pacientes –sobre todo niños y adultos mayores- no tienen tiempo; no
pueden esperar a que el gobierno resuelva sus conflictos internos para
recibir tratamiento. Por eso, las familias gastan todo el dinero que
está a su alcance, no importa si para eso tengan
que endeudarse.
Según especialistas, el gasto en salud pública que depende del gobierno
federal, alrededor del 50 por ciento es cubierto por los pacientes, como
consecuencia de las carencias que viven hospitales y centros de salud.
Esta situación se ha vuelto aún más grave en las últimas semanas: el
desabasto de medicinas y vacunas, el aplazamiento de cirugías y
tratamientos, y el despido de personal médico, han provocado que los
mexicanos tengamos que gastar mucho más en salud. Lo que
el gobierno no paga, lo tienen que hacer los pacientes. Lo justo es que
ese dinero se devuelva.
Por ello, ante la crisis de abasto y el alto costo de los medicamentos
que vive en el sector salud, junto con mi compañera diputada Soraya
Pérez Munguía presentamos una iniciativa que busca que los medicamentos
que se compran con receta médica sean deducibles
de impuestos, como ya lo son otros servicios de salud.
Esta iniciativa busca proteger la economía de las familias además de
mejorar el control y regulación de los medicamentos en el país. Si bien
esta es una iniciativa de observancia general, los principales
beneficiarios serán los adultos mayores, quienes, por
razones obvias, realizan el mayor gasto en medicamentos. La iniciativa
tiene una dedicatoria especial para ellos.
La iniciativa fue en respuesta a una petición ciudadana -suscrita por el
Dr. Ignacio Gutiérrez Lobaco y publicada en la prestigiada Columna
política “Tobogán” del respetado periodista Manuel Marquez- con la que
se busca ayudar a las personas enfermas que hoy
no pueden recibir sus tratamientos médicos por la crisis que vive el
sector salud en este nuevo gobierno. En las últimas semanas, sólo el 61%
de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron
a los Servicios Estatales de Salud salieron
con todos sus medicamentos.
En México está prohibido enfermarse porque representa un verdadero
quebranto a la economía familiar. Las enfermedades crónicas representan 7
de las 10 principales causas de muerte en el país, y a pesar de ello,
el gobierno está dejando de atenderlas. El tratamiento
de todos estos males representa un gasto que prácticamente ninguna
economía familiar soporta.
Los hospitales no tienen suficientes médicos ni medicinas. Hace unos
días, en Chiapas, un bebé murió porque ya no hay presupuesto para las
ambulancias aéreas; lo mismo pasó en Tijuana donde 13 bebés murieron. En
la ciudad de México, más de 200 pequeños no han
recibido sus quimioterapias, lo cual es no solo irresponsable, sino
inhumano.
Confío en la sensibilidad de mis compañeros para ayudar a millones de
personas que lo necesitan. Hacerlo posible está en nuestras manos.
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